Una acalorada discusión que terminó en agresiones físicas mutuas entre un concejal de Algarrobo (Magdalena) y un contratista de ese municipio terminó en el hospital luego de que el primero le arrancara de un mordisco el dedo índice derecho al segundo.

Este bochornoso hecho, en el que tuvo que intervenir la Policía, ocurrió el 8 de abril de 2020 cuando la víctima, Jolman Contreras de la Hoz, le reclamó al concejal Jaider José Isaza Gutiérrez, el haberlo expuesto públicamente cuando denunció malos manejos en la entrega de ayuda durante la pandemia de Covid-19.

Por estos hechos, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el concejal  Isaza Gutiérrez,  por presunta agresión.

“El cargo único endilgado al edil municipal es haber faltado a sus funciones al omitir la protección a la dignidad humana del contratista por haberle causado presunto daño físico permanente, consistente en una amputación traumática”, señala el Ministerio Público.

El órgano de control calificó la presunta conducta del investigado como “falta gravísima, a título de dolo”.

La investigación permitió conocer que en una entrevista radial, el concejal Jaider José Isaza Gutiérrez denunció supuestas irregularidades en la entrega de ayudas humanitarias en el marco de la emergencia sanitaria Covid-19 y aseguró que el contratista, Jolman Contreras de la Hoz, le había suministrado la información.

Estas declaraciones causaron la indignación de Contreras de la Hoz, quien, más tarde, al encontrarse con Isaza, le reclamó por sus afirmaciones y se trenzaron en una acalorada discusión que terminó en agresiones físicas mutuas y el dedo índice cercenado de Contreras.

Este bochornoso hecho, en el que tuvo que intervenir la Policía, ocurrió el 8 de abril de 2020 cuando la víctima le reclamó al concejal Jaider José Isaza Gutiérrez, el haberlo expuesto públicamente cuando denunció malos manejos en la entrega de ayuda durante la pandemia de Covid-19.

Cuado los familiares y amigos de uno y otro llegaron al centro “generaron una situación de pánico y tensión por las agresiones verbales que se lanzaban entre uno y otro grupo”, dice la Procuraduría General, con el agravante del alto riesgo de contagio del virus por violar la orden de aislamiento preventivo.